Se trata de una actividad enmarcada en el Acuerdo Regional de Escazú que busca la pena implementación de los derechos de acceso a la información, la participación y el acceso justicia en temas ambientales. Es el único tratado en materia ambiental impulsado por América Latina y el Caribe y contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
