El Arco Minero y el COVID-19: Una bomba de tiempo de grandes dimensiones (+documental)

Al conocerse oficialmente 33 casos de COVID-19 en Venezuela el gobierno de Maduro declaró cuarentena colectiva, la cual abarcaría los 23 estados del país y el distrito capital a partir del 17 de marzo. Aunque ciertamente la cuarentena era una medida inicial necesaria para evitar el esparcimiento acelerado del virus, esta se ha consolidado como una política estatal unidireccional, militar y sin participación de trabajadores del área de salud e investigadores (ecólogos, biólogos) en la planificación, enfocada en una especie de acuartelamiento masivo en la que la ciudadanía está limitada en su movilidad y prácticamente cercenada en el ejercicio de sus derechos políticos y sociales. ¿Cómo activar la solidaridad y el cuidado comunitario con la predominancia de un estado policial y de las restricciones de todo tipo? La situación se ha agravado por un acceso desigual a bienes y servicios, un agravamiento de la escasez de gasolina a nivel nacional (con privilegios para militares y personal autorizado) y un contexto crítico a nivel sanitario en el que no existen condiciones mínimas de respuesta al problema de salud.

Gobierno miente al afirmar que ha hecho “Consultas” para implementar Arco Minero del Orinoco

En ocasión de conmemorarse otro Día de los Pueblos Indígenas en Venezuela, organizaciones de derechos humanos queremos insistir en las deudas en materia de implementación de la normativa constitucional y de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas en Venezuela. A esto se suman las informaciones falsas emitidas desde el Alto Gobierno para darle legitimidad a proyectos lesivos de derechos de los pueblos originarios.

Pronunciamiento de los pueblos Ye´kwana, Sanema y Pemón de la cuenca del Caura contra el Arco Minero

Esta carta es elaborada por todas las autoridades legítimas de 49 comunidades Ye´kwana y Sanema participantes a la XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI, organización de base comunitaria indígena del poder popular ancestral, originario y tradicional de los pueblos antes mencionados, quienes acordamos en plenaria dirigir la presente comunicación en atención a las siguientes consideraciones y en consecuencia solicitar su actuación conforme a las leyes indígenas y de la República Bolivariana de Venezuela.