Expertos aseguran que la minería sobre las fuentes de agua lo único que hacen es perjudicar a la humanidad, ya que debido a esto poco a poco va contaminando el agua lo cual es muy peligroso pues mucha gente podría tomar de esta agua y ocasionarse un gran daño y además va ocasionando mas contaminación al ambiente. Han insistido: “No puede ser que se prime el uso del agua para la gran minería por sobre el consumo humano”.
Voceros de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia (COIAM) han sido enfáticos al manifestar que la explotación del Arco Minero del Orinoco y de la Faja Petrolífera del Orinoco “no es otra cosa que la destrucción de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas, Bolívar y Amazona, la contaminación de los ríos Orinoco y Apure con todos sus afluentes y el Delta del río Orinoco, los humedales de Monagas y el Amazonía venezolana”.
A este llamado se les unió Gregorio Mirabal, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA) quien se solidarizó con la preocupación de las organizaciones y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana ante la reactivación del plan Arco Minero del Orinoco, y la entrega de concesiones a empresas nacionales y transnacionales para la exploración y explotación de oro, coltán, bauxita y otros minerales.
“Nos afecta porque se está hablando de una explotación minera, de extractivismo, de la búsqueda de recursos a un alto costo para nosotros. ¿Por qué? Porque significa la destrucción de los bosques, de las cuencas hidrográficas de los ríos más importantes de la Amazonía venezolana”, manifestó Mirabal.
Después de la extracción petrolera, la minería es una de las actividades más depredadoras del medio ambiente, prohibida ya en muchos países que saben que por encima del supuesto progreso y desarrollo, está la vida de las personas, la conservación de los recursos naturales, la preservación de la biodiversidad y sobre todo la preservación de ese gran recurso para el planeta como es el agua.
“Tiene que haber una consulta con las personas que van a ser afectadas o beneficiadas por un proyecto, en este caso un proyecto extractivista que realmente afectaría, no solamente en lo económico, sino más que todo en la salud, en el ambiente, en el cambio climático. Para nosotros la minería no es progreso, para nosotros la minería es destrucción, es la muerte de los ríos, de los bosques, de los pueblos indígenas”, dijo el vocero de los pueblos y comunidades indígenas.
Plan macabro
El Ejecutivo venezolano anunció el pasado 24.02.2016 la reactivación del Plan Arco Minero del Orinoco, para hacer frente a la caída de los ingresos provenientes de la renta petrolera, profundizando el modelo extractivista y contradiciendo las propias afirmaciones del Presidente Nicolás Maduro sobre la construcción de un “nuevo modelo productivo en el país”. El plan contempla la explotación de alrededor de 200 millones de toneladas de bauxita y un aproximado de 44 mil toneladas de oro y diamante, entre otros minerales como el coltán.
Según informó el Ejecutivo el Arco Minero del Orinoco está dividido en cuatro bloques: Área 1, de 24.717 kilómetros cuadrados (km2), limitada por el río Cuchivero (coltán y diamante); Área 2, de 17.246 km2, limitada por los ríos Cuchivero y Aro, (minerales no metálicos y oro aluvional); Área 3, de 29.730 km2, limitada con el río Aro (hierro y bauxita); Área 4, de 40.152 km2 (oro). A ellas se suma el Bloque Especial Icabarú, con superficie de 1.754 km2, con abundante presencia de diamante y oro.
Debido la alerta que esto significa, entrevistamos al diputado Pedro Carreño, quien fue designado coordinador de la Comisión de Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), quien dijo desconocer que este tipo de actividad “extractivista”, sea verdaderamente dañina al medio ambiente. “Eso es un supuesto”, contestó. Ante la pregunta si habían consultado a los pueblos indígenas afectados con la medida, como lo establece la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas del país, dijo que “el Presidente de la República dice el qué y el ministro que tiene la competencia debe cumplir con el cómo”, desestimando igualmente cualquier consulta. Por último señaló que ser un detractor de estos planes significa estar aliado a un criterio “neoliberal, de los países que se denominan del primer mundo para que los pueblos no puedan acceder a sus recursos y luego venir a explotarlos ellos”.
Aguas turbias
Para el momento que este periodista escribía esta nota sucedía otro de los tantos hechos insólitos en el país: “Ciudadanos cierran la Troncal en Tumeremo (Bolívar), manifestando su repudio, indignación y dolor por la masacre que tuvo lugar entre la noche de este viernes y la mañana de este sábado, en una mina ilegal, que se encuentra a una hora de distancia de la población del municipio Sifontes en el Estado Bolívar.
El diputado de la oposición, Américo De Grazia, se dirigió al lugar y pudo confirmar de boca de varios de los familiares de las víctimas, que eran un total de 28, cuyos cuerpos además habían desaparecido. Dijo que los mineros fueron presuntamente descuartizados con motosierra, luego de ser ultimados, para posteriormente ser enterrados en la mina Hoja de Lata, zona que es parte de la frontera con Guyana.
Lo más insólito del caso es que el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, dijo que “es absolutamente falsa” la información que refiere que al menos 28 mineros habían sido asesinados por parte de bandas que controlan la minería ilegal en la zona de Tumeremo.
Con esta declaración a los medios echa por la borda las protestas que de verdad se realizaron en la mencionada localidad, las declaraciones de los familiares y lo expresado por los diputados, en lugar de, como sería lógico, solicitar abrir una averiguación contundente del caso. Lo único que si dejó claro es que si después de las investigaciones -que presumió se harán-, debe desmentir algo, “lo hará”.
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