Para nadie es un secreto que la minería ilegal es una de las actividades que más están afectando nuestro pulmón vegetal, de la mano sobre todo de los llamados “garimpeiros” provenientes de Brasil y en este momento un importante grupo de colombianos y otros procedentes de las Antillas. Pero a pesar de que los miembros de las comunidades indígenas de la región han denunciado insistentemente a las autoridades militares nacionales, la práctica sigue ejecutándose de manera casi impune.
A estas circunstancias que tiene años desarrollándose, se le ha sumado otra de más reciente data y que paradójicamente tiene como principal protagonista al gobierno nacional. Se trata del decreto de la minería “legal”, es decir la posibilidad que ésta dando el Estado para que empresas trasnacionales exploren y exploten los recursos mineros que tenemos en el país, principalmente en el eje del Orinoco y el estado Amazonas. Conscientes de lo que esto significa para el medio ambiente y los pueblos indígenas de la zona, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) hizo su pronunciamiento en marzo de este año recogido en un comunicado con siete puntos. El número 2 expresa lo siguiente:
“Expresamos nuestra profunda preocupación por los diferentes planes y proyectos de supuesto desarrollo minero que se han anunciado desde el Gobierno Nacional y que han aparecido publicados en diferentes medios de comunicación públicos y privados, referidos fundamentalmente a la implementación del llamado Arco Minero del Orinoco (2011) y al Acuerdo con la Empresa Trasnacional China “Citic Group” (2012)”.
Ajustado al Plan
Lo dramático de esta situación es que la extracción minera es uno de los objetivos del Segundo Plan de la Nación, contraviniendo incluso lo expresado en el propio Plan en lo que tiene que ver con la conservación del medio ambiente y el respeto a los pueblos indígenas, quienes han denunciado por ejemplo, que estos proyectos se elaboraron sin la debida “Consulta Previa e Informada” lo que viola lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las disposiciones de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
A los pueblos indígenas les preocupa la celeridad con la que el gobierno venezolano firmó el Acuerdo con la empresa trasnacional china “CITIC Group”, la cual es responsable de realizar la exploración minera en diferentes lugares de la geografía nacional para el levantamiento de una “Mapa Minero” y la prospección de diferentes minerales en el estado Amazonas, lo que contrasta con la moratoria de lo establecido en el artículo 119 de la CRBV que tiene que ver con la demarcación de hábitat y tierras de estas poblaciones ancestrales. Afirman que se trata de “una política desarrollista y extractivista que tiene marcados matices capitalistas y es contraria a nuestra concepción sobre la vida y la madre naturaleza como bien primordial para el sustento colectivo.
En virtud de que el punto segundo 5.2.2 del Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019 habla de “desmontar y luchar contra los esquemas internacionales que promuevan la mercantilización de la naturaleza, de los servicios ambientales y de los ecosistemas”, los representantes de los Pueblos Indígenas que hacen vida en el estado Amazonas proponen al Gobierno Nacional “que desde una revisión profunda de su política indígena promueva la implementación de proyectos sostenibles en territorios y comunidades indígenas del sur del país, que respeten y garanticen sus formas de vida, y la integridad ambiental amazónica en sintonía con la protección global del planeta”.
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