En tal sentido, consideramos, que esta decisión será un retroceso en materia de políticas e institucionalidad ambiental, y es incongruente con los principios de desarrollo sustentable y derechos ambientales establecidos en nuestra Constitución.
Asimismo, consideramos que la misma tendrá como consecuencia una aceleración del deterioro del patrimonio natural de los venezolanos, poniendo en peligro las posibilidades de que el país avance hacia un modelo de desarrollo capaz de promover la mejora de la calidad de vida de todos los venezolanos.
Por lo contrario, valoramos el hecho de que este Ministerio, a pesar de las presiones políticas y económicas que sufrió durante su historia, consolidó un sistema nacional de áreas protegidas, que incluye 43 parques nacionales que cubren 15% del territorio; construyó una extensa red de embalses y acueductos; diseñó y ejecutó políticas para la conservación de la biodiversidad; estableció Normas Técnicas para el control del daño ambiental; desarrolló un marco nacional de Ordenamiento del Territorio y estableció los programas nacionales para la inserción de la educación ambiental en todos los niveles educativos, entre otros logros.
Asimismo, resulta fundamental recordar que Venezuela fue pionera en políticas ambientales, al crear el primer Ministerio de Ambiente en Latinoamérica y segundo en el mundo, y que desde su creación brindó asistencia técnica, formación y asesoría a los países de la región.
Por todo ello, condenamos la anulación de la institución rectora de las políticas ambientales del país, al supeditarla a un ente de desarrollo urbano que, por el contrario, debería ser supervisado por la autoridad ambiental.
Deploramos que, a través de esta decisión, se consolide la pérdida progresiva y deliberada de la autoridad y capacidad técnica del Ministerio del Ambiente. Acción que ha conducido a la ausencia de acciones efectivas que controlen el deterioro de los sistemas ambientales, la progresiva violación de las normas de ordenamiento del territorio, la ausencia de toma de decisiones para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como, a pesar de la retórica internacional, el abandono del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Nación a través de los Convenios Internacionales en materia ambiental.
Igualmente, rechazamos la explicación simplista que pretende contraponer el desarrollo social a la conservación del ambiente y, a través de ella, ignorar que el bienestar de la población está ligado de manera inseparable al acceso al agua potable, a la existencia de alimentos sanos y producidos de manera sustentable, a la generación de energía de fuentes renovables, al control de la contaminación y la preservación de los ecosistemas, entre otros temas ambientales.
Por otra parte, repudiamos que la política ambiental del país sea manejada bajo la doctrina política del ecosocialismo y no a través del modelo de desarrollo sustentable y democracia participativa establecidos en la Constitución Nacional, ya que reduce el tema ambiental a una mero instrumento de confrontación política, promueve la segregación ideológica y excluye cualquier otro enfoque y práctica beneficiosos para la solución de los problemas ambientales.
Fundamentada en estas consideraciones, la Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA):
Exhorta al Ejecutivo Nacional a revertir esta decisión de manera inmediata, y por el contrario inicie acciones concretas para fortalecer y ampliar las capacidades técnicas, humanas, económicas y políticas del Ministerio del Ambiente.
Hace un llamado a todas las Organizaciones Ambientalistas, Universidades, Academias, Organizaciones de la Sociedad Civil, Sindicatos y a la ciudadanía en general, a manifestar su rechazo a esta decisión, y a realizar todas las acciones contempladas en la Constitución y las leyes nacionales de tal manera revertir esta decisión.
Igualmente, solicita a las organizaciones y movimientos ambientalistas en todo el mundo a que soliciten al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela la revocatoria de esta decisión la cual tendrá efectos ambientales, políticos y sociales perjudiciales para los ciudadanos de todas las naciones.
Caracas, 7 de septiembre de 2014
Comité Coordinador Red ARA
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