Por otra parte, el Artículo 347 de la Constitución Nacional indica que el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente es “… transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
En el marco de la mencionada convocatoria, es lícito preguntarnos desde el punto de vista de los derechos ambientales de los venezolanos, sí en este momento sería pertinente realizar una transformación de las bases y estructura del Estado tal como lo expresa el artículo 347 y si se resulta necesario modificar los derechos ambientales presentes en la misma tal como es expresado en el Decreto de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.
El texto Constitucional vigente establece en su artículo 127 que: “Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho es complementado en este mismo artículo por dos mandatos al Estado venezolano al indicar que: “El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”; así como también que: “Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.
Sin embargo, el Estado Venezolano no ha cumplido con estas obligaciones que garantizan una mejor calidad de vida. Esta afirmación puede corroborarse por los siguientes hechos:
Venezuela vive uno de los racionamientos de agua más severos de su historia, sin que ello pueda ser explicado de manera clara con argumentos meramente climáticos o políticos. El mismo está afectando principalmente a las personas más pobres: En 2014 cinco millones de personas vivían en viviendas sin abastecimiento directo de agua (ENCOVI, 2014) y una encuesta reciente indica que el 69% de las camas de hospitales públicos en todo el país están inoperativas por fallas en el suministro de agua (Encuesta Nacional de Hospitales 2016).
Con respecto a la obligación de proteger la diversidad biológica, genética y los procesos ecológicos, es fundamental resaltar que Venezuela tiene una de las tasas de deforestación más altas de Latinoamérica y, según un estudio reciente, es el único país de la región amazónica cuya tasa de deforestación de los bosques amazónicos ha venido creciendo en los últimos años. Esta situación afecta gravemente procesos vitales como la capacidad de captación de agua, conservación de la diversidad, protección de suelos y captación de carbono, entre otros. Asimismo, la crisis económica ha llevado a comunidades pobres en todo el país a recurrir a la explotación intensiva tanto de la fauna como de la vegetación para intentar cubrir sus necesidades.
A su vez, los parques nacionales y monumentos naturales están en uno de los peores momentos de la historia de este sistema. Todas las áreas naturales protegidas por Ley al sur del Orinoco presentan un alto grado de degradación generado por la minería ilegal de oro. El caso del Parque Nacional Canaima, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, es emblemático, ya que luego de múltiples denuncias aún no se ha realizado ninguna acción tendente a erradicar esta actividad de su territorio. Por su parte, las áreas naturales protegidas al norte del Orinoco se encuentran gravemente amenazadas por una enorme variedad de factores que van desde la construcción de viviendas por parte del gobierno dentro de estas áreas, hasta el avance acelerado de la agricultura.
Hablar de vivir en un ambiente libre de contaminación es una utopía en Venezuela. Por nombrar unos pocos ejemplos: La contaminación por mercurio afecta a una gran cantidad de comunidades indígenas y criollas en la Guayana venezolana; el Lago de Maracaibo sufre un avanzado estado de destrucción producto del efecto combinado de la industria petrolera y las aguas negras no tratadas; la población de la región central de Venezuela debe tomar agua con peligrosos niveles de contaminación; el tratamiento de las aguas servidas es prácticamente inexistente; la mayor parte de las zonas urbanas más pobres no tienen servicios de recolección de desechos sólidos y los vertederos ilegales de basura se multiplican por todo el país.
Asimismo, aun cuando el cambio climático es considerado el factor de riesgo más grande para garantizar la seguridad ambiental de los ciudadanos, el gobierno nacional incumple la legislación nacional y los convenios internacionales al retrasar indefinidamente y sin explicaciones el desarrollo de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático.
Finalmente, es necesario mencionar al proyecto del Arco Minero del Orinoco el cual reúne muchas de estas consideraciones. Ello debido a que pone en grave peligro la mayor fuente y reserva de agua de Venezuela, así como ecosistemas de alto valor social y ambiental, a la vez que genera graves riesgos de contaminación, no solo en la zona a ser afectada, sino en un territorio extenso por razón de las sustancias tóxicas usadas en el procesamiento de los minerales. Todo ello sin mencionar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y no indígenas de la zona.
Todos estos factores están incidiendo de manera grave en la actual situación de crisis del país y son elementos significativos en la disminución de los indicadores de salud, productividad y seguridad de la población, representando igualmente graves violaciones a los derechos humanos de la población.
El factor común en todos los ejemplos planteados es la ineficacia, inoperancia y desorden del Estado para al menos intentar mitigar y mucho menos controlar estos efectos.
Por toda esa situación, estamos convencidos de que Venezuela no necesita un cambio de su Constitución, sino el adecuado y estricto cumplimiento de las disposiciones presentes en la actual. Un gobierno que no ha podido cumplir con los mandatos que le impone la Constitución no tiene la credibilidad, ni tiene la autoridad moral de proponer una nueva Carta Magna.
En función de lo anterior, consideramos totalmente innecesaria, inoportuna e inconveniente a los intereses de la Nación el llamado actual a una Asamblea Constituyente y por lo contrario exigimos al Ejecutivo Nacional cumplir y defender la Constitución actual y sus mandatos.
Asimismo, hacemos un llamado a todos los venezolanos a cumplir con sus responsabilidades y deberes estipulados en la Constitución y participar activamente en la defensa de la misma.
Igualmente, solicitamos a la comunidad internacional, organismos internacionales de conservación ambiental y organizaciones ambientalistas en todo el mundo acompañar y apoyar las acciones que se realicen en Venezuela en defensa de la Constitución que protege los derechos ambientales de los venezolanos y los ciudadanos de todo el mundo.
Venezuela vive uno de los racionamientos de agua más severos de su historia, sin que ello pueda ser explicado de manera clara con argumentos meramente climáticos o políticos. El mismo está afectando principalmente a las personas más pobres: En 2014 cinco millones de personas vivían en viviendas sin abastecimiento directo de agua (ENCOVI, 2014) y una encuesta reciente indica que el 69% de las camas de hospitales públicos en todo el país están inoperativas por fallas en el suministro de agua (Encuesta Nacional de Hospitales 2016).
Con respecto a la obligación de proteger la diversidad biológica, genética y los procesos ecológicos, es fundamental resaltar que Venezuela tiene una de las tasas de deforestación más altas de Latinoamérica y, según un estudio reciente, es el único país de la región amazónica cuya tasa de deforestación de los bosques amazónicos ha venido creciendo en los últimos años. Esta situación afecta gravemente procesos vitales como la capacidad de captación de agua, conservación de la diversidad, protección de suelos y captación de carbono, entre otros. Asimismo, la crisis económica ha llevado a comunidades pobres en todo el país a recurrir a la explotación intensiva tanto de la fauna como de la vegetación para intentar cubrir sus necesidades.
A su vez, los parques nacionales y monumentos naturales están en uno de los peores momentos de la historia de este sistema. Todas las áreas naturales protegidas por Ley al sur del Orinoco presentan un alto grado de degradación generado por la minería ilegal de oro. El caso del Parque Nacional Canaima, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, es emblemático, ya que luego de múltiples denuncias aún no se ha realizado ninguna acción tendente a erradicar esta actividad de su territorio. Por su parte, las áreas naturales protegidas al norte del Orinoco se encuentran gravemente amenazadas por una enorme variedad de factores que van desde la construcción de viviendas por parte del gobierno dentro de estas áreas, hasta el avance acelerado de la agricultura.
Hablar de vivir en un ambiente libre de contaminación es una utopía en Venezuela. Por nombrar unos pocos ejemplos: La contaminación por mercurio afecta a una gran cantidad de comunidades indígenas y criollas en la Guayana venezolana; el Lago de Maracaibo sufre un avanzado estado de destrucción producto del efecto combinado de la industria petrolera y las aguas negras no tratadas; la población de la región central de Venezuela debe tomar agua con peligrosos niveles de contaminación; el tratamiento de las aguas servidas es prácticamente inexistente; la mayor parte de las zonas urbanas más pobres no tienen servicios de recolección de desechos sólidos y los vertederos ilegales de basura se multiplican por todo el país.
Asimismo, aun cuando el cambio climático es considerado el factor de riesgo más grande para garantizar la seguridad ambiental de los ciudadanos, el gobierno nacional incumple la legislación nacional y los convenios internacionales al retrasar indefinidamente y sin explicaciones el desarrollo de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático.
Finalmente, es necesario mencionar al proyecto del Arco Minero del Orinoco el cual reúne muchas de estas consideraciones. Ello debido a que pone en grave peligro la mayor fuente y reserva de agua de Venezuela, así como ecosistemas de alto valor social y ambiental, a la vez que genera graves riesgos de contaminación, no solo en la zona a ser afectada, sino en un territorio extenso por razón de las sustancias tóxicas usadas en el procesamiento de los minerales. Todo ello sin mencionar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y no indígenas de la zona.
Todos estos factores están incidiendo de manera grave en la actual situación de crisis del país y son elementos significativos en la disminución de los indicadores de salud, productividad y seguridad de la población, representando igualmente graves violaciones a los derechos humanos de la población.
El factor común en todos los ejemplos planteados es la ineficacia, inoperancia y desorden del Estado para al menos intentar mitigar y mucho menos controlar estos efectos.
Por toda esa situación, estamos convencidos de que Venezuela no necesita un cambio de su Constitución, sino el adecuado y estricto cumplimiento de las disposiciones presentes en la actual. Un gobierno que no ha podido cumplir con los mandatos que le impone la Constitución no tiene la credibilidad, ni tiene la autoridad moral de proponer una nueva Carta Magna.
En función de lo anterior, consideramos totalmente innecesaria, inoportuna e inconveniente a los intereses de la Nación el llamado actual a una Asamblea Constituyente y por lo contrario exigimos al Ejecutivo Nacional cumplir y defender la Constitución actual y sus mandatos.
Asimismo, hacemos un llamado a todos los venezolanos a cumplir con sus responsabilidades y deberes estipulados en la Constitución y participar activamente en la defensa de la misma.
Igualmente, solicitamos a la comunidad internacional, organismos internacionales de conservación ambiental y organizaciones ambientalistas en todo el mundo acompañar y apoyar las acciones que se realicen en Venezuela en defensa de la Constitución que protege los derechos ambientales de los venezolanos y los ciudadanos de todo el mundo.
Organizaciones:
1. A.C. H1nnova Lab
2. A.C. Phynatura
3. AC Una Montaña de Gente
4. Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales (ACFIMAN)
5. Acceso a la Justicia
6. Acción Campesina
7. Alianza Una Montaña de Gente - Observatorio Ambiental Venezolano
8. Ascenso Centro de Aventura A.C.
9. Asociación Civil BioParques
10. Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai
11. Asociación Civil Núcleo de Geografía Viva
12. Asociación Civil Protegiendo y Produciendo (PRO2)
13. Asociación Ecológica para la Prevención Ambiental del Estado Falcón (AEPAFALCON)
14. Asociación Mujeres en Línea
15. AVVA Frontera Gran Sabana
16. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
17. Ciudadanía y Libertad A.C.
18. Civilis Derechos Humanos
19. Coalición Clima21
20. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela:
Capítulo Mérida
21. El Zulia Recicla
22. Equipo de Proyectos y Asesoría Social (EDEPA)
23. Fundación Abrae
24. Fundación Aguaclara
25. Fundación Ecodiversa
26. Fundación EcoJuegos
27. Fundación Hijos de la Madre Tierra (FUNDAHIMATI)
28. Fundación Mujeres del Agua
29. Fundesos
30. Gente de Soluciones
31. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes (Mérida-
Venezuela).
32. Laboratorio de Paz
33. Mesa Ambiental Nacional
34. Observatorio Ambiental Venezolano
35. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes
36. Observatorio Venezolano de la Salud
37. Picnic Urbano de Maracay
38. PROVEA
39. Red Andina de DDHH (RADAR)
40. Red de ONGS que luchas contra la desertificación de Venezuela (RIOD Venezuela)
41. Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela (Red Ara)
42. Sinergia Asociación Civil
43. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
44. Stop VIH
45. Un Mundo Sin Mordaza
46. Una Ventana a la Libertad
47. UNIANDES
PERSONAS:
1. Acianela Montes de Oca
2. Adriana Humanes, Ecóloga marina
1. Aime Tillett. Universidad Central de Venezuela
2. Alberto Blanco-Dávila, Nature Projects
3. Alejandro Álvarez Iragorry, Ambientalista, Educador ambiental
4. Alejandro Ecarri, Gente de Soluciones
5. Alejandro Luy, biólogo
6. Alejandro Suels Aranda, Ambientalista
7. Alfredo Lascautx, Delegado del partido Verde de Canadá ante la Federación de Partidos Verdes
de las Américas
8. Ana Carolina Sotillo, empresaria
9. Anaurora Yranzo Duque. Investigadora en Ciencias Básicas, Naturales y Aplicadas. Instituto de
Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias UCV.
10. Andrés Eloy Seijas, Profesor Universitario
11. Andrew Torres, Ing. Agroindustrial y Doctor en Ciencias Agrícolas (UCV), Prof. Titular UNELLEZ.
12. Anita Méndez, Educadora Ambiental
13. Anna Sartorio de Ponte, ambientalista
14. Arnoldo José Gabaldón, ex ministro del Ambiente
15. Augusto Bastidas, Geógrafo, Maestría en Administración Ambiental
16. Azucena Martínez F. Ambientalista - Educadora Ambiental y Asesor Técnico en la Asamblea
Nacional Constituyente 1999
17. Beatríz Esté
18. Belkis Echenique Ingeniero Civil.
19. Carlos Monedero - Profesor Titular UCV
20. Carlos Peláez, Ecólogo.
21. Carlos Rivero Blanco
22. Carmelo Ecarri
23. Carmen Aida Carrasquel, Ambientalista
24. Cristina Díaz
25. Cristina Fiol
26. Daniel Delgado, Periodista ambiental. Editor del Blog Ecoscopioweb
27. Edgardo García Larralde, Consultor en Desarrollo Sustentable, Gran Bretaña
28. Eduardo Cudisevich, Ingeniero Agrónomo
29. Eliseo Castellano, Profesor Universitario Jubilado de la UNELLEZ, Barinas
30. Enrique Alberto Martín Cuervo
31. Enrique Farfán, Ambientalista, luchador social y comerciante
32. Faruk Bagdah, Ambientalista
33. Frida Ayala
34. Gloria Carucci, Bióloga UCV
35. Griselda Ferrara, profesora de la Universidad Central de Venezuela
36. Guayana Páez-Acosta
37. Gustavo Mendoza, ambientalista y Director de la Fundación Ambientalista Huerto Los
Ayamanes.
38. Hernán Papaterra
39. Inelba Mata, Ingeniero Municipal, Alcaldía del Municipio Marcano. Edo. Nueva Esparta
40. Iñaki Alberdi, Biólogo
41. Jeanfreddy Gutiérrez, Periodista Ambiental
42. Jorge M. González, Ph.D., Profesor Universitario (California State University, USA)
43. Jorge Cruz
44. José Carvajal, periodista
45. Juan Carlos Sánchez, Profesor de la Fac. de Ingeniería UCV
46. Juan José Cárdenas. Oceanógrafo.
47. Juan M Posada. Ambientalista en el exilio
48. Julio Alexander Parra Maldonado, Educador
49. Lecgisia Torres de Krisch, Educadora,
50. Lisbeth Bethelmy, Investigadora y psicóloga ambiental
51. Lucas Riestra, Abogado
52. Luis Arteaga Benatuil, Movimiento Ecológico Salvemos al Mundo
53. Luis Souto, periodista
54. Luisa Villalba Márquez, profesora
55. María Elisa Febres, abogada, Especialista en Derecho Ambiental, Doctora en Desarrollo
Sostenible
56. María Esmeralda Mujica, Bióloga
57. María Gabriela Espinoza, Administradora
58. María Suárez Luque, Docente de la Universidad Central de Venezuela
59. Maritza Pulido Santana, Premio Global 500 1991 PNUMA UNESCO
60. Mayra Rincón Salazar, periodista ambiental
61. Mercedes Corro, Abogada
62. Mercedes Diez, Abogada en el exilio
63. Miguel A. Villegas Herrera, Biólogo
64. Nélida Gruber
65. Nelson Gil Luna, Profesor Universitario. UPEL-Instituto Pedagógico JM Siso Martínez
66. Omaira Delgado Rivas, Ambientalista
67. Omar Escalona, Fundación Ambiental de Venezuela
68. Oscar Gómez. Gerente General de Vitaambiente
69. Pedro Gutiérrez Leal, Profesor Universidad Nacional Abierta y miembro de la Sociedad de
Ciencias Naturales La Salle
70. Rafael Rodríguez-Altamiranda, Dpto. Biología, Universidad de Carabobo
71. Ramon Quintana Gomez, Ing. HidMet., Prof. Tit. Univ. (Emérito) UNELLEZ, UCV, Miembro de la Direct. Nac. de la Soc. Vzlana. de Ing. HidMet-CIV.
72. Raúl Pulido, Especialista en Ecología y Ambiente, Biólogo UCV, MSc IVIC
73. Reyna Pérez Ponce, Presidenta Instituto Municipal Ambiente Chacao Alcaldía Municipio
Chacao
74. Roberto Paulo Carletti Biscard, Profesor Universitario
75. Ruth Barrios, Fundación Vida Verde
76. Sandra Giner, profesora de la UCV
77. Sergio Antillano A. Ingeniero/Planificador ambiental.
78. Soledad Santamarina
79. Soraya Verónica Medina Fuentes, Educadora
80. Viviana Salas Martín, Bióloga
81. Yrama Capote
82. Zaida García, Profesora UPEL IPC
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