Los hechos, que tienen como contexto político y social la urgencia de la entrada de la ayuda humanitaria al país, acción que actualmente cuenta con un gran respaldo en la comunidad internacional; pasaron por el claro exceso de "fuerza pública" al registrarse inicialmente la baja de tres indígenas que manifestaron una clara postura a favor de la ayuda foránea, sobre todo en los rubros de comida y medicinas.
"Tres indígenas pemones: Zoraida Rodríguez, José Elsey Pérez Márquez y Kleyver Pérez; y dos no indígenas venezolanos José Hernández y José Barrios Carrasco. Fueron asesinados por armas de fuego, en el ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana", se lee en la nota del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (www.ecopoliticavenezuela.org)
La fecha del evento inicial fue el 22 de febrero del 2019, y de allí en adelante asesinatos de indígenas, detenciones arbitrarias, torturas persecuciones e intimidación para emigrar forzosamente han sido las prácticas de las fuerzas militares venezolanas, que todavía responden a las órdenes del usurpador: Nicolás Maduro.
Como guinda, el alcalde del Municipio Gran Sabana, el indígena pemón Emilio González fue calificado como líder de los levantamientos por razones humanitarias, y luego de recibir graves amenazas en contra de su integridad y la de su familia, debió cruzar la frontera y actualmente se refugia en la clandestinidad.
La "Luna de Miel"
Los acalorados discursos de los socialistas "recalentados" suelen hacer apologías a lo que muchas veces se han denominado minorías, para perfilarse como los legítimos defensores de sus derechos y ejercer el mejor papel de "héroes" de aquellos que lamentablemente suelen ocupar el rol de "víctimas". El presidente Hugo Chávez fue uno de ellos.
Con mucha frecuencia se refería a los "Pueblos Originarios" como ese sector de la población que fue eternamente marginado por la llamada "Cuarta" (República), al referirse a la era política antes de que él asumiera las riendas del país. Fue así como pensó, esbozó, diseñó y planificó una buena cantidad de planes para atender oportuna y justamente a la población indígena, esparcidos por casi todo el territorio nacional. Sobre su ejecución todavía quedan dudas.
Su apología fue compilada y editada en un libro titulado “Hugo Chávez y los pueblos indígenas. Ideas y discursos”, que fue presentado en La Habana con bombos y platillos; y que según su hermano, Adán Chávez Frías, se trata de "un excelente ejemplar que reúne intervenciones y planteamientos del líder bolivariano en su empeño por brindar justicia y dignidad a ese segmento social marginado e invisibilizado durante siglos. Podemos decir que Hugo Chávez cumplió con los pueblos indígenas”, dijo su consanguíneo en la presentación del volumen.
Por supuesto que su pupilo, el ahora usurpador, Nicolás Maduro, siguió los pasos del "intergaláctico", y en más de una oportunidad, sobre todo durante las campañas electorales, salió retratado con pequeños sin camisas y toda la indumentaria propia de nuestros indígenas. Los anuncios de mayor infraestructura y atención oportuna a través de programas sociales estuvieron acompañados con cosas como la creación de una corporación especial para el desarrollo del Amazonas, al cual se le entregaría un fondo de 100 millones de bolívares.
Plan macabro: el exterminio
Luego de 20 años de una "revolución" preñada de buenas intenciones, según los discursos, el resultado de esa "luna de miel" ha sido un claro exterminio. Que indistintamente de la masacre ejecutada el pasado 23 de febrero en Santa Elena de Uairén, sumadas a repetidas escenas de violencia en la selva vírgen; corresponde a una clara política pública depredadora con botas (militares) puestas. No solamente fueron abandonados a su suerte, sino que también se les negó la comida, las medicinas, la asistencia médica, los medios de transporte, el agua, el combustible y hasta su territorio de los cuales han sido forzosamente y tristemente desplazados.
Parte de este plan pasó por la entrega de una buena parte del Amazonas, su hábitat, a empresas transnacionales para que explotaran nuestros recursos naturales con el denominado Arco Minero.
Lo que nunca debió haber iniciado, evidentemente comenzó mal al constatarse que los derechos de nuestros aborígenes fueron claramente vulnerados cuando no se realizó ni siquiera la consulta previa tal cual lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 120.
"La consulta previa es uno de los bastiones donde las comunidades indígenas y sus aliados deben refugiarse para exigir la derogación de un decreto que atenta contra el desarrollo de los pueblos. No se trata pues de buscar argumentos para ir contra una iniciativa inconstitucional sino de la primacía constitucional y del estado de derecho contra las pretensiones económicas de una parcialidad política" afirmó el especialista Rodolfo Montes de Oca en su artículo "La consulta previa en el Arco Minero del Orinoco" publicado en el periódico digital El Libertario.
El jurista es claro al afirmar que el Arco Minero atenta contra los derechos humanos de los pueblos indígenas y es contrario al ordenamiento jurídico y convenciones internacionales. "¡Rechazarlo no es una elección es una obligación!", asestó.
Si desmenuzamos aún más el tema del Arco Minero y la minería en general en este lado de la geografía nacional, encontramos que los "pueblos originarios" han sido los grandes perdedores. Etnias completas han sido desplazadas de su hábitat natural, sin aviso y sin protesto. Los que no, han sido forzados a involucrarse en la actividad depredadora exponiéndose a situaciones sociales como la explotación laboral y sexual, y de salud como la malaria, cuyos brotes son alarmantes en la zona y los efectos colaterales del uso del mercurio, entre muchos otros factores.
Un reciente trabajo de investigación de crisisgroup.org titulado "El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela" alerta sobre esta situación: "La malaria en el Amazonas está vinculada a la minería y a la deforestación, en especial en los municipios de Sifontes, El Callao, Angostura, Sucre, Gran Sabana y Cedeño, todos los cuales se encuentran en el estado Bolívar y se superponen con el Arco Minero. Los pozos mineros deforestados, llenos de aguas estancadas son lugares ideales para la reproducción de mosquitos portadores de malaria. Los mineros duermen en campamentos improvisados y hamacas alrededor de estas aguas infestadas".
Como datos estadísticos señalan que en el 2016 se registraron 242.976 casos de malaria y en el 2017 fueron 406.289 . "Solo en el estado Bolívar, se registraron más de 200 mil casos en 2017, equivalentes a más del 10 por ciento de la población local. A nivel nacional se estima que hubo 600 mil casos en el año hasta noviembre de 2018", revela el documento.
También aporta que según una ONG local (cuyo nombre omite) la malaria ocasiona el 21 por ciento de las muertes en el estado Amazonas y el 25 por ciento en Bolívar. Dice que debido a la ausencia de medicamentos subsidiados contra la malaria existe un mercado negro de pastillas para la malaria, que a menudo se pagan en oro.
Como "Flores en el Atico"
Los efectos del mercurio en las poblaciones indígenas del Sur de Venezuela fueron ampliamente expuestos en el informe “La contaminación por mercurio en la Guayana Venezolana: Una propuesta de diálogo para la acción” que publicó la Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) en noviembre de 2013.
La Red advierte claramente al gobierno nacional que en Venezuela se ha reconocido a la contaminación por mercurio en la Guayana venezolana como un problema de salud pública desde hace más de 25 años. Sin embargo -dice- en lugar de generarse políticas públicas para mitigar los efectos, el problema se ha extendido exponencialmente.
El texto reporta resultados de investigaciones que demuestran que los niveles de contaminación por mercurio en las poblaciones indígenas Yekuana y Sanema en la cuenca del río Caura son preocupantes. El 92% de las mujeres examinadas presentan niveles muy superiores a los 2 milígramos por kilogramo establecido por la Organización Mundial de la Salud, mientras que el 36,8% presentaba riesgos importantes de partos de niños con problemas neurológicos.
Recopila además cuatro investigaciones que dan cuenta de la presencia de importantes cantidades de mercurio en la atmósfera, cuerpos de agua, sedimentos, suelos, animales acuáticos y vegetación; incluso en reservorios de agua artificiales tales como el embalse del Guri, que produce el 60 % de la electricidad del país.
Por su parte la ONG Survival Internacional reseña en su página web (www.survival.es) que el problema se extiende a toda la Cuenca amazónica. Responsabiliza de esta calamidad a la actividad minera directamente, con nieveles alarmantes de contaminación en ríos y cauces de agua dulce. "En Venezuela varios pueblos indígenas, entre ellos los yekuanas, los yanomamis, los piaroas, los hotis y los pemones, también sufren sus destructivas consecuencias", advierte.
Stephen Corry, director de Survival International realizó la alerta formal en las Naciones Unidas donde presentó los resultados de varias investigaciones en algunos países. El relator dijo en la audiencia que: “Estos gobiernos (9 países conforman la Cuenca Amazónica) están sentados sobre una bomba de tiempo. Cada semana que transcurre sin que actúen, más y más pueblos indígenas sufren los daños. Cuando se identifica el evenenamiento por mercurio, la fuente ha de ser contenida de forma inmediata y los afectados deben recibir tratamiento. Las consecuencias serán catastróficas si no se protegen las tierras de los pueblos indígenas”, advirtió.
Por su parte el portavoz indígena yekuana que lo acompañó, Reinaldo Rocha, declaró: “Estamos preocupados por los resultados de esta investigación. Esta contaminación afecta a las plantas, a los animales y a las generaciones futuras”.
Los abusos de poder
Provea denuncio en su página web que hasta el primero de marzo, el hospital Rosario Vera Zurita se encuentraba tomado por efectivos de la GNB y de la PNB, limitando y negando el acceso y estableciendo un control de pacientes y familiares. Afirma que no permiten el paso a periodistas ni asistencias humanitarias o religiosas, negando el acceso a información de pacientes y su condición. "A la fecha no es posible corroborar cuántos heridos fueron atendidos o cuántos aún permanecen producto de las acciones del 22 y el 23 de febrero", detalla.
Igualmente informa que quienes necesitan atención son obligados, por temor a represalias, detenciones o maltratos, a tener que trasladarse a Pacaraima (Brasil) a pie para poder tener acceso a atención médica, violentando el ya mermado acceso a la salud.
Ecoscopio se hace eco del Comunicado emitido por las ONGs y condenamos el asesinato de indígenas desarmados y en el ejercicio de la manifestación pacífica dentro de sus territorios ancestrales y bajo su jurisdicción, y el sometimiento a torturas, tratos crueles y degradantes.
Cito: "Cuando se asesina y tortura a un miembro o líder tradicional de una comunidad indígena es un acto de agresión colectiva, tanto física como espiritual a toda la comunidad. Estos actos son inaceptables y tienen como objeto intimidar, atemorizar y lograr el sometimiento y desplazamiento forzoso de pueblos originarios. Así como, dividir y fracturar sus organizaciones legítimas y el ejercicio pleno de su autonomía y jurisdicción en sus territorios".
El Comunicado
Los activistas exigimos:
– El cese inmediato de torturas, tratos crueles e inhumanos contra ninguna persona indígenas o ciudadano/as, por parte de ningún efectivo militar o policial ni tercero. Consisten en crímenes de lesa Humanidad y como tal estamos generando los informes y denuncias a instancias internacionales.
– La protección a la integridad, y vida del pueblo pemón de Manakru (Santa Elena #6 ) y Kumarakapai ( Sector Kawanayen #5) incluyendo Maurak, Turasen, Wuara, Sampai. De los indígenas pemones Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, del alcalde Emiliano González y de todos los miembros mujeres y hombres indígenas de la Guardía territorial Pemón, así como de las caciques y autoridades legítimas.
– El cese inmediato de la militarización y la salida de la FANB y PNB de los territorios indígenas pemón de Santa Elena de Uairén, Manakru y Kumarakapai, Maurak, Turasen, Wuara, Sampai.
– El cese del uso de listas persecutorias, los hostigamientos, contra indígenas de la Guardia Territorial Pemón, Líderes y autoridades indígenas, líderes comunitarios, ciudadanas y ciudadanos por razones de discriminación política, así como allanamientos y detenciones ilegales.
– La apertura inmediata de la Frontera con Brasil que permita la normalización de la vida comunitaria, y no el agravamiento de los efectos de la Crisis Humanitaria Compleja extrema sobre todo a sectores de extrema vulnerabilidad como son niños, niñas y mujeres indígenas y no indígenas.
– La liberación plena e inmediata de todos los detenidos por manifestar y disentir que se encuentran detenidos en el Fuerte de Escamoto.
– El cese y retiro de las fuerzas de seguridad y militares del hospital Rosario Vera Zurita en Santa Elena de Uairén, así como del aeropuerto de Santa Elena de Uairén, en territorio y con administración compartida con el pueblo ancestral pemón.
– A la comunidad internacional y a los organismos de protección de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas estar alertas y actuar para frenar y condenar todos estos actos que atentan contra la dignidad individual y colectiva del pueblo pemón y de las comunidades del municipio Canaima y alrededores.
Es así como nos sumamos al llamado de Causa Amerindia Kiwxi, Comité de Derechos Humanos de la Guajira, Fundación Centro Gumilla, Laboratorio Ciudadano de Noviolencia Activa (Labo), Laboratorio de Paz (LabPaz), Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Revista SIC, Organización Indígena Intercultural Wainjirawa, Clima 21-Ambiente y Derechos Humanos, Correo del Caroní, Las Piloneras, Instituto Progresista Venezolano, Iniciativa Sur del Orinoco de la Sociedad Venezolana de Ecología, Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, Ecolasallistas, Ecosanssouci, Sindicatos y organizaciones integrantes de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV), Sindicato de Trabajadores de CANTV, Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Sindicato de Trabajadores de Cancillería, Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Petróleo, Equipo Arco Sindical del Metro de Caracas, Frente de Trabajadores activos y jubilados del Metro de Caracas, Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Libertador, Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai, Fundacion Aguaclara, Fundación para la prevención de la violencia contra las Mujeres-FUNDAMUJER, Observatorio Venezolano por los DDHH de las Mujeres-OVDHM, Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
– El cese inmediato de torturas, tratos crueles e inhumanos contra ninguna persona indígenas o ciudadano/as, por parte de ningún efectivo militar o policial ni tercero. Consisten en crímenes de lesa Humanidad y como tal estamos generando los informes y denuncias a instancias internacionales.
– La protección a la integridad, y vida del pueblo pemón de Manakru (Santa Elena #6 ) y Kumarakapai ( Sector Kawanayen #5) incluyendo Maurak, Turasen, Wuara, Sampai. De los indígenas pemones Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, del alcalde Emiliano González y de todos los miembros mujeres y hombres indígenas de la Guardía territorial Pemón, así como de las caciques y autoridades legítimas.
– El cese inmediato de la militarización y la salida de la FANB y PNB de los territorios indígenas pemón de Santa Elena de Uairén, Manakru y Kumarakapai, Maurak, Turasen, Wuara, Sampai.
– El cese del uso de listas persecutorias, los hostigamientos, contra indígenas de la Guardia Territorial Pemón, Líderes y autoridades indígenas, líderes comunitarios, ciudadanas y ciudadanos por razones de discriminación política, así como allanamientos y detenciones ilegales.
– La apertura inmediata de la Frontera con Brasil que permita la normalización de la vida comunitaria, y no el agravamiento de los efectos de la Crisis Humanitaria Compleja extrema sobre todo a sectores de extrema vulnerabilidad como son niños, niñas y mujeres indígenas y no indígenas.
– La liberación plena e inmediata de todos los detenidos por manifestar y disentir que se encuentran detenidos en el Fuerte de Escamoto.
– El cese y retiro de las fuerzas de seguridad y militares del hospital Rosario Vera Zurita en Santa Elena de Uairén, así como del aeropuerto de Santa Elena de Uairén, en territorio y con administración compartida con el pueblo ancestral pemón.
– A la comunidad internacional y a los organismos de protección de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas estar alertas y actuar para frenar y condenar todos estos actos que atentan contra la dignidad individual y colectiva del pueblo pemón y de las comunidades del municipio Canaima y alrededores.
Es así como nos sumamos al llamado de Causa Amerindia Kiwxi, Comité de Derechos Humanos de la Guajira, Fundación Centro Gumilla, Laboratorio Ciudadano de Noviolencia Activa (Labo), Laboratorio de Paz (LabPaz), Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Revista SIC, Organización Indígena Intercultural Wainjirawa, Clima 21-Ambiente y Derechos Humanos, Correo del Caroní, Las Piloneras, Instituto Progresista Venezolano, Iniciativa Sur del Orinoco de la Sociedad Venezolana de Ecología, Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, Ecolasallistas, Ecosanssouci, Sindicatos y organizaciones integrantes de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV), Sindicato de Trabajadores de CANTV, Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Sindicato de Trabajadores de Cancillería, Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Petróleo, Equipo Arco Sindical del Metro de Caracas, Frente de Trabajadores activos y jubilados del Metro de Caracas, Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Libertador, Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai, Fundacion Aguaclara, Fundación para la prevención de la violencia contra las Mujeres-FUNDAMUJER, Observatorio Venezolano por los DDHH de las Mujeres-OVDHM, Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
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