Valoramos la aparición de mecanismos que promuevan la participación activa y democrática de la sociedad civil organizada, en el proceso de discusión que llevan adelante los Estados sobre el grave problema que representa el cambio climático.
Consideramos que esta oportunidad debe servir para lograr un movimiento social global que apalanque los cambios necesarios en los modelos económicos, sociales y de gestión ambiental que hagan posible la construcción de sociedades sustentables.
En particular, la Red ARA considera que las ONG y movimientos sociales debemos exigir el compromiso de todos los gobiernos del mundo para implementar de manera urgente medidas dirigidas a:
1. Promover el desarrollo de energías limpias, junto al uso responsable de combustibles fósiles.
2. Establecer procesos productivos eco-eficientes que disminuyan la generación de residuos y emisiones de gases de efecto invernadero y la destrucción los ecosistemas naturales.
3. Incrementar la superficie de áreas naturales protegidas y garantizar la conservación de las existentes, a la vez que se promueva el desarrollo de ciudades sustentables.
4. Disminuir de manera radical la deforestación, especialmente para el establecimiento de pastizales, potreros, explotación minera o petrolera, así como fortalecer los programas de reforestación de áreas degradadas.
5. Establecer mecanismos para revertir la cultura del consumismo, así como mejorar los procesos de gestión de residuos sólidos, promoviendo sistemas de reutilización, recuperación y reciclaje.
6. Exigir a todos los Estados la disminución drástica de los gastos militares y utilizar esos recursos en programas dirigidos a la gestión ambiental, el desarrollo social sostenible y los programas de adaptación al cambio climático, especialmente para atender a las poblaciones más vulnerables.
7. Establecer procesos educativos y de información que promuevan la incorporación masiva de todos los grupos sociales a los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático.
8. Crear y fortalecer las instituciones nacionales creadas con el fin de garantizar la conservación ambiental y contribuir a mejorar la calidad de vida a través del impulso del modelo de desarrollo sustentable, como es el caso de los Ministerios del Ambiente.
Por otra parte, siendo una red de organizaciones no gubernamentales venezolanas no podemos dejar de referirnos a la situación de nuestro país, y presentar una serie de opiniones y demandas que esperamos sirvan como base para promover la discusión sobre las políticas ambientales nacionales, a la vez que promueva la participación de todos en el camino de construir una sociedad sustentable.
En tal sentido:
1. Rechazamos el sesgo ideológico que se le ha impuesto a esta reunión. Creemos que una discusión que reduzca los temas referidos al cambio climático global a una mera confrontación de socialismo versus capitalismo, es una re-simplificación de la compleja realidad social y política relacionada con el cambio climático, enmascara las verdaderas exigencias de un cambio de los modelos económicos basados en la explotación sin freno de los recursos naturales y no contribuye al logro de los acuerdos necesarios para establecer mecanismos de co-responsabilidad en la lucha contra el cambio climático.
2. Exigimos al Estado Venezolano que, más allá de los discursos políticos, desarrolle acciones concretas, eficientes y sostenidas para atacar las causas y efectos del cambio climático en el país. En tal sentido es, por lo menos, incoherente promover reuniones internacionales para exigir responsabilidades de los países desarrollados cuando el país sólo ha entregado la Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y está en mora con todas las otras obligaciones establecidas en los Convenios Internacionales y la legislación nacional.
3. Reivindicamos el derecho constitucional a la participación de la Sociedad Civil Organizada en todos los asuntos que afectan el desarrollo del país y su gente. Creemos que un país que convoca a ONG y movimientos sociales del mundo para allanar caminos de interacción con los gobiernos, también debería tener mecanismos similares para que la sociedad civil organizada de Venezuela intervenga y contribuya en la solución de los problemas ambientales en función de su experiencia y trayectoria. Pero por el contrario, la realidad es, que lejos de promover la integración y valoración de las trayectorias y experiencias de los grupos ambientales venezolanos, ha habido una acción reiterada del gobierno nacional en contra de las ONG y sus proyectos, muchas veces dificultando e incluso impidiendo sus actividades.
4. Exigimos que el tema ambiental sea considerado como eje prioritario para el desarrollo sustentable del país, como lo establece la Constitución y en consecuencia exigimos se revierta el decreto que condujo a la desaparición del Ministerio del Ambiente, y se ejecuten acciones para el fortalecimiento institucional de este ministerio y del Instituto Nacional de Parques. Como lo dijimos en su oportunidad, consideramos, que la decisión de eliminar el Ministerio del Ambiente es un retroceso en materia de políticas e institucionalidad ambiental, y es incongruente con los principios de desarrollo sustentable y derechos ambientales establecidos en nuestra Constitución. Asimismo, consideramos que la misma tendrá como consecuencia una aceleración del deterioro del patrimonio natural de los venezolanos, poniendo en peligro las posibilidades de que el país avance hacia un modelo de desarrollo capaz de promover la mejora de la calidad de vida de todos los venezolanos.
5. En concordancia con estas exigencias, las organizaciones que integran la Red ARA como expresión de la sociedad civil organizada ambientalista de Venezuela, están dispuestas a trabajar en conjunto con las instituciones del Estado Venezolano y el resto de los actores sociales del país. Asimismo, esperamos que, a partir de la iniciativa de la PreCOP Social se produzcan cambios significativos en el Estado Venezolano, que impulsen la búsqueda de la reunificación del país y el reconocimiento de que los problemas del país exigen la participación y acción de todos sus ciudadanos.
Caracas, 2 de noviembre de 2014
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